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Se vive un clima de tensión en la Municipalidad de Fray Luis Beltrán hace meses.

Por un lado, desde el sindicato reclaman la reincorporación de 7 trabajadores despedidos. La Justicia rechazó la medida cautelar presentada para la reincorporación inmediata que se pretendía obtener como medida provisional hasta que saliera el recurso de amparo.

Por otro, el intendente hizo un llamado a ser un “pueblo pacífico y amigo”, a la vez que va por eliminar el “amiguismo”.

Los que están fuera de la ley son ellos”, aclaró a la prensa explicando que presentó una denuncia penal contra anteriores funcionarios del municipio: Liliana Canut (ex intendenta), Carlos Alberto Sainato (ex secretario gral.) y Maria Victoria Blando (ex coordinadora del personal, e hija de Canut), acusados de incumplimiento de deberes públicos y falsificación de documentación.

La denuncia
En la misma consta el pasaje a planta permanente de cuatro trabajadores por medio de decretos falsos. Esto sería a partir de demostrar que habrían sido predatados. Es decir que los habrían fechado con meses de anterioridad a lo que fueron expedidos, avalando la nulidad de ellos.

“Un decreto es una norma, es como una ley, no puede llevar una fecha anterior a la real”, explicó el mandatario que además es abogado. A través de los decretos se pasaba a cuatro trabajadores a planta permanente, además incompatible con los contratos a plazo fijo que dos de ellos ya tenían pactados hasta el 31 de diciembre del 2017.

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Cominelli explicó que los trabajadores estaban al tanto de la movida porque le habrían puesto la firma a ambos contratos. Si bien los cuatro trabajadores no se verían perjudicados en el plano penal, sí en el desempeño de su trabajo en municipio.

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Mails enviados  solicitando decretos con fechas anteriores y recategorizaciones.

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Así concluye la denuncia penal.

¿Por qué habrían armado esto? Podría ser para generar una antigüedad en planta permanente que no tenían, explica el mandatario, a la vez que el municipio transita por una emergencia económica de larga data.

Cominelli ha presentado la documentación ante la Justicia, ahora resta que la misma se exprese.

La denuncia penal fue realizada por la diputada nacional de la Coalición Cívica de Santa Fe, Lucila Lehmann, contra Juan Carlos Doria y el tesorero, Leonardo Martín Onainty,  por su posible participación como socios de una empresa que habría sido beneficiada con contratos del Estado comunal.

La denuncia la realizó Jorge Boasso; y la misma fue desestimada por la fiscal Natalia Benvenuto, según declaraba el ex edil rosarino en el programa radial "Con sentido común" de radio CNN Fisherton.

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