La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y confirmó la continuidad del proceso de decomiso de bienes en el marco de la denominada “Causa Vialidad”. La medida apunta a alcanzar la suma de $684.990.350.139,86 que deben afrontar en conjunto los condenados junto a tres empresas en la causa.
La resolución fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes sostuvieron que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados incluso si fueron transferidos a terceros o heredados.
La defensa de la exmandataria había apelado una decisión previa del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que había dispuesto avanzar con la ejecución de los bienes.
Entre los argumentos, los abogados de Cristina Kirchner habían solicitado un seguimiento exhaustivo del recorrido del dinero presuntamente ilícito. Sin embargo, la Cámara rechazó ese planteo al considerar que exigir una trazabilidad perfecta resulta “materialmente imposible” y que bastan indicios como la coincidencia temporal y una vinculación económica razonable entre el incremento patrimonial y los hechos investigados.
Además, los magistrados señalaron que este tipo de delitos suele implicar maniobras complejas donde los fondos se mezclan, transforman y reinvierten a lo largo del tiempo.
En cuanto a los bienes alcanzados por la medida, del total de 111, uno figura a nombre de Cristina Kirchner y otros 19 pertenecen a sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. Por su parte, el empresario Lázaro Báez concentra la mayor cantidad, con 80 propiedades.
El juez Borinsky expresó una disidencia parcial respecto de los bienes de los hijos de la expresidenta, al considerar que en algunos casos no está suficientemente acreditado su origen ilícito, por lo que propuso excluir del decomiso aquellos que habrían sido heredados.
Según la resolución, los hechos investigados conformaron un “esquema complejo” vinculado al direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, que derivó en beneficios económicos para Báez y, de manera indirecta, para el entorno de la familia Kirchner.