En una audiencia realizada este miércoles en los Tribunales de San Lorenzo, un hombre identificado como J.P.M. fue formalmente imputado por diversos hechos delictivos ocurridos en distintas localidades del cordón industrial. A pesar del pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía, el magistrado interviniente resolvió otorgarle la libertad bajo estrictas reglas de conducta.
La fiscal Victoria Vigna le atribuyó al acusado un total de cinco hechos: dos violaciones de domicilio con daños, tres tentativas de robo en calidad de autor y un encubrimiento, vinculado a la tenencia de una bicicleta presuntamente robada. Los delitos se habrían cometido entre septiembre de 2023 y febrero de 2026.
El juez de Primera Instancia, Eugenio Romanini, resolvió no hacer lugar a la medida cautelar más gravosa y dispuso la libertad de J.P.M. hasta el 27 de marzo de 2026, sujeta al cumplimiento de condiciones como fijar residencia, firmar semanalmente ante la Oficina de Gestión Judicial, no acercarse a los lugares donde ocurrieron los hechos y no salir de la provincia de Santa Fe.
Uno de los episodios más recientes ocurrió el 1 de febrero de este año en Puerto General San Martín, cuando el imputado habría intentado ingresar a una vivienda de calle El Roble al 3800, provocando daños en una ventana, una cámara de seguridad y el cerco perimetral. Horas después fue aprehendido dentro de un salón de eventos donde habría pasado la noche sin autorización.
La acusación también incluye un hecho registrado el 7 de septiembre de 2023 en Oliveros, donde habría ingresado a una vivienda tras romper una ventana y sustraer diversos elementos electrónicos y prendas de vestir, siendo detenido poco después en un cruce de rutas. A esto se suman dos robos ocurridos en Timbúes durante 2024, en los que se llevaron herramientas, maquinaria y combustible, tras forzar rejas y aberturas.
Finalmente, el 14 de febrero de 2025, J.P.M. fue interceptado mientras circulaba en una bicicleta cuya procedencia no pudo justificar, motivo por el cual fue imputado por encubrimiento. La causa continuará su curso judicial y no se descarta que en los próximos meses avance hacia un juicio o la eventual celebración de acuerdos, una vez finalizadas las medidas investigativas pendientes.