El presidente Javier Milei anunció este jueves por cadena nacional una reforma integral de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el objetivo de modificar las funciones de la entidad y establecer fuertes restricciones a la emisión de dinero para financiar al Estado. El proyecto, que será enviado al Congreso, forma parte de un paquete de reformas económicas que el Gobierno considera central para consolidar su programa de estabilización.

Uno de los principales cambios será que el Banco Central vuelva a tener un único objetivo: preservar el valor de la moneda. De esta manera, se busca eliminar los objetivos múltiples incorporados a la Carta Orgánica en 2012, que incluyen cuestiones como el empleo, el desarrollo económico con equidad social y la estabilidad financiera. Milei defendió la idea de que una política monetaria debe concentrarse en un objetivo específico y sostuvo que el BCRA debe utilizar sus herramientas para garantizar la estabilidad del peso.

El segundo eje será la prohibición del financiamiento al Estado. La propuesta apunta a impedir que el Banco Central otorgue adelantos transitorios al Tesoro o cualquier otro tipo de asistencia financiera, directa o indirecta, destinada a cubrir el déficit fiscal. El proyecto también contempla impedir la transferencia de determinadas utilidades contables al Tesoro. En la misma línea, el Gobierno pretende eliminar las denominadas Letras Intransferibles, instrumentos mediante los cuales el Estado utilizó reservas del BCRA en distintos momentos para afrontar obligaciones.

El tercer punto introduce una fuerte novedad desde el aspecto jurídico: la emisión de dinero para financiar el déficit podría convertirse en un delito. Milei planteó que utilizar la emisión monetaria para cubrir el desequilibrio de las cuentas públicas sea considerado una conducta equivalente a una estafa y una asociación ilícita. La intención oficial es que la prohibición no quede solamente establecida como una regla económica, sino que también tenga consecuencias penales para quienes la incumplan.

El cuarto eje está relacionado con la independencia del Banco Central. El proyecto busca establecer mayores restricciones para remover al presidente y a los integrantes del directorio de la entidad, con el objetivo de evitar que la conducción monetaria cambie automáticamente con cada administración. Entre las modificaciones anunciadas aparece la necesidad de contar con una mayoría calificada de dos tercios del Congreso para avanzar con la remoción de las autoridades del organismo.

Finalmente, Milei anunció un saneamiento del balance del BCRA. La reforma apunta a eliminar mecanismos mediante los cuales el Tesoro puede utilizar activos de la autoridad monetaria para financiarse y a impedir que determinadas ganancias contables o variaciones de activos terminen transformándose en recursos para el Estado. El Gobierno sostiene que el objetivo es dejar un Banco Central con un balance más sólido y reducir la posibilidad de futuras asistencias financieras al sector público.

El “grillete fiscal”

La reforma del Banco Central estará acompañada por otras tres iniciativas. La primera será el denominado “grillete fiscal”, una regla destinada a impedir que el Estado mantenga déficits fiscales de manera permanente. Según explicó el Presidente, si las cuentas públicas permanecen en déficit y el Congreso no corrige la situación dentro del plazo establecido, se activarían distintas restricciones.

Entre ellas se contempla la paralización de actividades y gastos no esenciales, el congelamiento de nuevas contrataciones, la suspensión de transferencias discrecionales y el cese del pago de salarios a las máximas autoridades políticas. El esquema tendría excepciones para prestaciones consideradas esenciales, como jubilaciones, asignaciones, salud y seguridad. Milei comparó el mecanismo con el denominado shutdown de Estados Unidos.

El paquete también incluye una reforma del mercado de capitales, con la que el Gobierno busca avanzar hacia una mayor liberalización y facilitar el ahorro y el financiamiento privado. A esto se suma una reforma del mercado de seguros, que apunta a reducir la intervención regulatoria y otorgar mayor libertad a las compañías para diseñar y ofrecer nuevos productos.

El alcance definitivo de las medidas, sin embargo, dependerá del proyecto que finalmente llegue al Congreso y del debate legislativo que se abra a partir de su presentación.