El sindicalista portuario, Herme Juárez, quien el domingo pasado llegó a San Lorenzo tras recibir la prisión domiciliaria, quedó sin abogados y ahora deberá asignar nuevos.
Joaquín Da Rocha, Zorrilla, Diego Balaz, Giuntini y Gené eran los profesionales que en este tiempo habían apelado el procesamiento de Juárez y planteado una seria de nulidades, pero en el día de ayer decidieron renunciar a la causa de manera sorpresiva. Ellos, no solo representaban a Juárez sino también a su hijo Oscar, sus hijas Mariana y Débora, los socios Daniel Badía, Pablo Bunello y Damian Bunello.
Hasta el momento ninguno de los profesionales involucrados informó los motivos por los cuales decidieron alejarse de la causa.
La causa contra Juárez comenzó a principio del 2018 y era por estar sospechado en actividades con el narcotráfico, pero esta acusación cayó por ausencia de pruebas. Quienes defienden al dirigente sostienen que luego de eso el juez federal de Campana que entiende en la causa, Adrián González Charvay, dijo que habría otros delitos de índole económicos, pero no realizó requerimiento fiscal sobre esa situación.
El titular del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) y de la Cooperativa Portuaria, se encontraba detenido desde el jueves 1 de agosto, junto a su hijo y otras ocho personas de su entorno, por estar sospechado de conformar una asociación ilícita y delitos económicos.
Con respecto al resto de los involucrados, nueve en total, el juez decidió que cinco de ellos sigan siendo procesados, pero en libertad. Mientras tanto a los otros tres se les dictó la falta de merito por no tener muchas pruebas incriminatorias. En tanto, las dos hijas de Juárez fueron procesadas como coautoras de lavado de activos.
Además la justicia le generó un embargo de 500 millones de pesos a Herme Juárez y otros 200 millones de pesos para su hijo Oscar.