El Gobierno de Santa Fe decidió avanzar con una medida contundente frente a las amenazas en escuelas: cada operativo de seguridad desplegado tiene un costo que será reclamado a los responsables, incluidos los padres de menores involucrados.
Según precisó el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, cada intervención policial ante una amenaza implica un gasto de entre 5 y 6 millones de pesos. El monto contempla movilidad, combustible, horas de trabajo del personal, despliegue de brigadas especiales e incluso la participación de bomberos en algunos casos. Esto sumado a la cantidad de denuncias, 65 hasta el día viernes, genera un gran gasto.
“Esto no lo van a pagar difusamente todos los santafesinos con sus impuestos. Vamos a perseguir el cobro a cada uno de los responsables que sean identificados”, afirmó el funcionario, quien confirmó que ya se instruyó al área legal del ministerio para avanzar en conjunto con la Fiscalía de Estado.
El ministro remarcó que, más allá del impacto económico, cada falsa amenaza implica desviar recursos clave de seguridad. “Patrulleros y brigadas que deberían estar en tareas preventivas quedan afectados durante horas a estos procedimientos”, explicó.
Además, Cococcioni advirtió sobre las consecuencias penales que pueden enfrentar quienes participen en este tipo de hechos. Incluso en el caso de menores, las causas tramitadas bajo el Código Procesal Penal Juvenil pueden dejar antecedentes que condicionen su futuro: dificultades para obtener certificados de buena conducta, restricciones para viajar al exterior y, en situaciones más graves, medidas de institucionalización.
“Muchas veces lo que se plantea como una broma termina teniendo consecuencias muy serias años después”, señaló el ministro, quien también apuntó a la responsabilidad de las familias y pidió anticipar el diálogo para evitar llegar a instancias judiciales.
Finalmente, desde el Gobierno aseguraron que se continuará respondiendo a cada amenaza para garantizar la seguridad en los entornos escolares, pero dejaron en claro que ese despliegue tiene un costo que, de ahora en más, no será asumido por toda la sociedad, sino por quienes lo generen.