El titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco, solicitó la prisión preventiva efectiva del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, imputado este miércoles en el marco de tres legajos distintos por presuntas maniobras de corrupción, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato.
No obstante, por encontrarse en funciones, Bailaque cuenta con inmunidad de arresto, por lo que el pedido de prisión fue presentado en forma condicional y acompañado por un requerimiento al Consejo de la Magistratura para que acelere la investigación que se tramita sobre su desempeño. De avanzar el expediente, podría derivar en su suspensión o un juicio político.
“Este es un pedido sujeto a que el Consejo de la Magistratura actúe en consecuencia”, expresó el fiscal Velasco ante el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz, a cargo de la audiencia.
Velasco sostuvo que existen “elementos de convicción suficientes” para sustentar la solicitud y remarcó que la permanencia del juez en su cargo representa un riesgo de entorpecimiento para las investigaciones en curso. Como ejemplo, mencionó una supuesta presión ejercida por Bailaque sobre una empleada judicial citada a declarar en la causa.
Por su parte, el fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, solicitó el embargo de inmuebles del juez, además de una embarcación y un vehículo.
La imputación presentada por los fiscales Juan Argibay Molina (Procelac), Matías Scilabra (Procunar) y Federico Reynares Solari (MPF distrito Rosario) abarca tres causas concretas.
Una de ellas refiere al manejo de fondos de la cooperativa de estibadores de San Lorenzo y Puerto San Martín, que se encontraba intervenida judicialmente. En ese marco, Bailaque habría autorizado el giro de mil millones de pesos a una mutual presidida por su amigo Fernando Whpei, en lugar de depositarlos en una entidad bancaria, como establece la normativa del Banco Central.
Los fiscales también apuntaron a la actuación del juez en una causa de narcotráfico contra Esteban Lindor Alvarado. Allí, según señalaron, se verificaron demoras y decisiones llamativas, como la negativa a autorizar intervenciones telefónicas a Rosa Capuano, exesposa del capo narco, quien además mantenía contacto con Gabriel Mizzau, contador tanto del juez como del entorno de Alvarado. Mizzau ya fue imputado junto con Eduardo Semino por su rol como asesor contable del entramado societario utilizado por el narcotraficante desde 2014.
Scilabra resaltó que ni Mizzau ni Semino emitieron reportes de operaciones sospechosas respecto a las empresas vinculadas a Alvarado, entre ellas Edra, Logística Santino, TOIA y Sagrado Corazón de María. Para el fiscal, la relación de Mizzau con el juez debió haber sido causal suficiente para que Bailaque se apartara del expediente, algo que no ocurrió.
En cuanto a la causa vinculada a la cooperativa portuaria, Reynares Solari denunció que el magistrado no hizo lugar a una recusación planteada por estibadores que señalaban el vínculo entre Bailaque y Whpei. Si bien el juez reconoció su amistad con el titular de la mutual, lo hizo recién cuando fue consultado por los camaristas Fernando Barbará y Aníbal Pineda.
“En la investigación pudimos comprobar que Bailaque viajó a Chile en abril de este año con Whpei. Claramente, es amigo hasta el día de hoy”, agregó el fiscal.
El tercer eje de la imputación refiere a presuntas maniobras para perjudicar al empresario Claudio Iglesias, a partir de una denuncia anónima presentada en 2019. El fiscal Argibay Molina vinculó esa acusación con contactos directos entre Bailaque y el entonces directivo de la ex AFIP Carlos Vaudagna, hoy reconvertida en Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según el fiscal, existió coordinación entre el juez, su secretario Gustavo Guazzaroni y personal jerárquico de esa agencia para avanzar en medidas que luego resultaron desestimadas por la justicia.
La causa, finalmente, quedó “planchada a niveles escandalosos”, describió Argibay Molina. Tras las indagatorias, se dictó la falta de mérito para los imputados.
En ese contexto, Vaudagna aceptó recientemente ser imputado como “arrepentido” y confesó haber participado en una red de extorsión a empresarios, en colaboración con actores del sistema judicial y administrativo.