Detuvieron al expresidente boliviano Luis Arce en una causa por presunta corrupción en fondos indígenas

El Gobierno de Bolivia confirmó la detención del expresidente Luis Arce (2020-2025) en el marco de una investigación por posible corrupción vinculada al Fondo de Desarrollo Indígena, organismo que financia proyectos destinados a comunidades originarias.

Según explicó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, Arce es señalado como “responsable directo” del daño económico causado por presuntos desvíos y manejos irregulares en el Fondo mientras formaba parte del gabinete de Evo Morales. De acuerdo a los datos oficiales, la pérdida estimada asciende a unos 360 millones de bolivianos —alrededor de 51,7 millones de dólares—, aunque el monto final podría superar los 700 millones si se suman otros expedientes en revisión.

La detención se concretó tras un operativo coordinado entre la Policía y la Fiscalía, que ejecutaron una orden de aprehensión vinculada a la aprobación de proyectos que, según la investigación, habrían habilitado transferencias estatales hacia cuentas particulares y financiado iniciativas “fantasma” o inconclusas. Oviedo sostuvo que Arce “tiene responsabilidades penales” en la operatoria, que incluye presuntas resoluciones contrarias a la ley, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes.

El ministro recordó que ya se encuentra detenida preventivamente la exdiputada oficialista Lidia Patty, acusada de recibir en sus cuentas dinero del Fondo para proyectos que nunca se concretaron. También anticipó que otros exintegrantes del directorio del organismo serán llamados a responder ante la Justicia.

Desde el entorno del exmandatario, la exministra María Nela Prada cuestionó el procedimiento y calificó la detención como “un abuso completo”, al afirmar que Arce no había sido notificado para prestar declaración. La defensa del expresidente sostiene que ya había presentado descargos durante procesos previos relacionados con el mismo fondo.

Los casos de corrupción en el Fondo de Desarrollo Indígena tomaron notoriedad en 2016, cuando salieron a la luz numerosas irregularidades durante el gobierno de Evo Morales. El entonces director del organismo, Marco Antonio Aramayo —quien falleció en 2022 tras permanecer siete años detenido—, fue el primero en denunciar públicamente los manejos irregulares.

La causa vuelve a sacudir la escena política boliviana, mientras el gobierno de Rodrigo Paz Pereira promete avanzar en todas las líneas investigativas y recuperar los fondos presuntamente desviados. “Vamos a perseguir a quienes provocaron este daño”, afirmó Oviedo.