El Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un proyecto para reformar el Código Penal, con el objetivo de endurecer penas, incorporar nuevas figuras delictivas y modificar el régimen de prescripción para delitos graves. La iniciativa fue definida tras una reunión entre el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien aseguró que el texto apunta a contar con una legislación “acorde a los desafíos actuales”.

Según adelantaron desde el Ejecutivo, la reforma buscará actualizar el sistema penal frente a nuevas modalidades delictivas y fortalecer el rol de las víctimas dentro del proceso judicial. También se intentará simplificar la estructura del Código, que pasaría de más de 900 artículos a cerca de 500, con el objetivo de hacerlo más claro y operativo.

Entre los cambios previstos figura el endurecimiento de penas para distintos delitos y la ampliación del listado de hechos que no prescriben. En ese grupo podrían incluirse homicidios, delitos sexuales, trata de personas, narcotráfico y terrorismo, lo que implicaría que puedan ser investigados y juzgados sin límite de tiempo.

El proyecto también incorporará nuevas figuras penales vinculadas a problemáticas actuales, como estafas piramidales, delitos informáticos, salideras y entraderas, ataques cometidos por motochorros, delitos migratorios, picadas ilegales, tenencia de armas dentro de cárceles y casos de maltrato animal. Asimismo, se contemplan agravantes para modalidades delictivas conocidas como “viudas negras”.

Desde el Gobierno señalaron que la propuesta se basa en tres ejes centrales: penas más severas, cumplimiento efectivo de las condenas y eliminación de la prescripción en delitos considerados graves. Estos lineamientos ya habían sido planteados previamente por la gestión nacional y por el área de Seguridad, encabezada por Patricia Bullrich.

En paralelo, aclararon que el nuevo texto no modificará el agravante por femicidio ni la legislación vigente sobre aborto. Mientras se termina de redactar el proyecto definitivo, el Ejecutivo prevé avanzar con reformas parciales junto al Congreso. Con esta iniciativa, la Casa Rosada busca volver a instalar el debate sobre seguridad, justicia y política criminal en la agenda pública.