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El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad
La medida fue oficializada a horas de vencer el plazo fijado por la Justicia y redefine el régimen de pensiones no contributivas.
Editorial | 4/2/2026
El Gobierno nacional reglamentó este miércoles la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad mediante el Decreto 84/2026, dando cumplimiento a un fallo judicial que había ordenado su aplicación inmediata. La decisión se conoció sobre el límite del plazo establecido por la Justicia y coincidió con cambios en la conducción del área encargada de su implementación.
La reglamentación responde a una sentencia del Juzgado Federal de Campana, que en diciembre de 2025 declaró inválida la suspensión de la norma y fijó como fecha tope el 4 de febrero para su entrada en vigencia. La ley, sancionada por el Congreso en septiembre del año pasado, fue centro de un prolongado conflicto entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial.
El origen de la controversia estuvo en el intento del Ejecutivo de frenar la aplicación de la norma mediante un veto, fundamentado en la falta de recursos para afrontar las nuevas prestaciones. Aunque el Congreso insistió con su promulgación, el Gobierno resolvió luego suspender su ejecución, lo que derivó en una acción de amparo colectivo que reabrió el debate en sede judicial.
El fallo anuló esa suspensión y ordenó la implementación inmediata de la Ley N.º 27.793, pese a los recursos presentados por el Ministerio de Salud y otros organismos. Finalmente, el decreto reglamentario fue publicado sobre el cierre del plazo otorgado por el magistrado.
La norma establece los lineamientos del nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, define criterios de acceso, evaluaciones socioeconómicas e incompatibilidades con otras prestaciones, y asigna su ejecución a la Secretaría Nacional de Discapacidad, ahora bajo la órbita del Ministerio de Salud. También dispone la convocatoria al Consejo Federal de Discapacidad y la presentación de un plan de auditorías en un plazo de 30 días, con participación de organismos de la sociedad civil.
Uno de los principales desafíos será la transición al nuevo esquema, que incluye la conversión automática de las pensiones vigentes y la verificación de miles de beneficios para evitar superposiciones. Tras la reglamentación, el Gobierno designó a Alejandro Alberto Vilches como secretario Nacional de Discapacidad y aclaró que el decreto fue dictado sin aceptar los fundamentos del fallo judicial. La norma ya rige desde su publicación en el Boletín Oficial y abre una nueva etapa en una ley marcada por fuertes tensiones políticas y presupuestarias.