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Entró en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambia desde los 14 años
La edad de imputabilidad baja de 16 a 14 años, se establece un máximo de 15 años de prisión y se incorporan sanciones alternativas al encierro.
Editorial | 7/9/2026
Desde este sábado 5 de septiembre comenzó a regir en Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, que reemplaza el sistema vigente desde 1980 y establece nuevas reglas para adolescentes de entre 14 y 17 años involucrados en delitos.
El cambio más significativo es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. A partir de ahora, quienes tengan 14 o 15 años y sean acusados de delitos contemplados en el Código Penal podrán ser sometidos a un proceso judicial bajo un régimen especial.
Sin embargo, la nueva normativa no establece que todos los adolescentes que cometan un delito deban cumplir una pena de prisión. El sistema contempla distintas alternativas, entre ellas reglas de conducta, reparación del daño, restricciones de acercamiento, actividades educativas y comunitarias y monitoreo electrónico.
La reforma también establece límites específicos para las penas. Los adolescentes no podrán recibir prisión o reclusión perpetua y el máximo de una pena privativa de la libertad será de 15 años.
En caso de disponer una privación de libertad, los adolescentes deberán permanecer en establecimientos especialmente destinados para menores, con personal capacitado y sin compartir alojamiento con personas adultas. También se contemplan institutos abiertos, dispositivos especializados y, en determinadas circunstancias, arresto domiciliario.
A su vez, se mantiene la prohibición de difundir datos que permitan identificar a los adolescentes imputados, como nombres, imágenes, domicilio, filiación o cualquier otro elemento que permita reconocerlos públicamente.
A pocas horas de la entrada en vigencia del nuevo sistema, el Gobierno nacional publicó el Decreto 875/2026, que reglamenta la Ley 27.801 y establece al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal.
La reglamentación incorpora, entre otros aspectos, la figura del supervisor especializado, encargado del seguimiento y asistencia del adolescente durante el proceso, además de establecer mecanismos de atención a las víctimas, capacitación de operadores y articulación entre organismos.