El Gobierno nacional oficializó la desregulación del mercado de gas licuado de petróleo (GLP) y liberó los precios de las garrafas de 10, 12 y 15 kilos, así como de los cilindros de 45 kilos. La medida, dispuesta a través del decreto 446/25, deroga artículos clave de la Ley 26.020, vigente desde 2005, que permitía establecer precios de referencia para proteger a los usuarios.

El texto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, justifica el cambio en la necesidad de corregir “sobrecostos, duplicación de funciones y distorsiones” generadas por el esquema anterior. A partir de ahora, la producción, fraccionamiento y comercialización del GLP quedarán completamente en manos del sector privado.

El rol del Estado se limitará a garantizar la seguridad del servicio. Esta medida se apoya en las facultades conferidas por la Ley Bases, que declaró la emergencia pública en el sector energético y habilita al Ejecutivo a avanzar con reformas sin pasar por el Congreso.

Sin Embargo, la decisión llega en plena ola de frío polar y afecta particularmente a las regiones sin acceso a gas por red, como el norte del país y zonas rurales del interior, donde ya se reportaban faltantes y aumentos antes del anuncio oficial.

El nuevo marco legal también permite la importación y exportación de GLP sin autorización previa, salvo que el abastecimiento interno esté en riesgo. Si el Estado no responde en un plazo de siete días a una notificación de exportación, se considerará automáticamente aprobada.