El Gobierno oficializó las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero suspendió su aplicación

El Gobierno nacional promulgó este martes las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso determine cómo se cubrirán los costos. La medida se oficializó mediante los decretos 759 y 760, publicados en el Boletín Oficial, donde se argumenta que las normas carecen de una definición presupuestaria clara.

En el caso del financiamiento universitario, la Ley 27.795 prevé fondos para salarios docentes y no docentes, becas, investigación y tecnología. Su implementación demandaría más de $1 billón en 2025, cifra que el Ejecutivo considera “inviable” sin recursos específicos. Por este motivo, la Procuración del Tesoro advirtió que aplicarla sin fondos sería incompatible con la ley de responsabilidad fiscal. En paralelo, la CONADU realiza un paro nacional de 48 horas en reclamo por la demora en su puesta en marcha.

La Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria pediátrica, busca fortalecer hospitales infantiles y recomponer salarios del personal de salud, con el Hospital Garrahan como centro de referencia. Sin embargo, el Gobierno señaló que el costo fiscal estimado —casi $200.000 millones— supera la capacidad actual del Ministerio de Salud, que arrastra un déficit de más de $100.000 millones.

Desde la Casa Rosada justificaron la decisión en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal. “No se puede gastar lo que no se tiene”, reiteró el vocero presidencial Manuel Adorni, al tiempo que aseguró que la situación económica “es difícil, pero no terminal”.