Amenazas en escuelas: imputaron a dos jóvenes de 16 y 18 años, los primeros en la Provincia

La fiscal de menores Ana Laura Gioria imputó a dos jóvenes de 16 y 18 años por amenazas de atentados en una escuela de Llambi Campbell, en un caso que marca un antes y un después en la provincia de Santa Fe. Se trata de los primeros adolescentes imputados penalmente por este tipo de hechos luego del crimen de Ian Cabrera en San Cristóbal.

La audiencia se llevó a cabo en los tribunales de Esperanza, donde los acusados, identificados como J.O. y Yamil Alexander G. —este último mayor de edad—, fueron imputados por los delitos de amenazas coactivas e intimidación pública en concurso ideal.

Tras la imputación, la Justicia dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva, las cuales ya fueron notificadas a las autoridades del establecimiento educativo. En paralelo, la investigación avanza sobre un tercer involucrado: un menor de 15 años.

Según fuentes del caso, los adolescentes fueron identificados a partir de una nota hallada en el baño de la escuela, en la que se advertía: “devuelvan los celulares o tiroteo”. La principal hipótesis indica que el mensaje estaría vinculado a la prohibición del uso de teléfonos móviles dentro de la institución.

Un punto de inflexión tras el caso Ian Cabrera

El avance de esta causa refleja un endurecimiento en la respuesta judicial frente a amenazas en ámbitos escolares, en un contexto de creciente preocupación social. El antecedente inmediato es el crimen de Ian Cabrera, ocurrido en San Cristóbal, que conmocionó a la provincia y encendió las alertas en el sistema educativo.

Desde entonces, se multiplicaron las amenazas y los operativos de seguridad en distintas escuelas santafesinas. En menos de una semana, el gobierno provincial registró más de 150 alertas vinculadas a posibles ataques y logró identificar a siete personas responsables de este tipo de intimidaciones.

Buscan cobrar los costos de los operativos

En este escenario, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe avanzó con un nuevo protocolo para recuperar los costos de los operativos desplegados ante amenazas falsas.

El ministro Pablo Cococcioni detalló que un procedimiento básico puede costar entre 5 y 6 millones de pesos, contemplando desde la activación del 911 hasta la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La resolución 1.201/26 establece un sistema de intimación extrajudicial para exigir el pago de estos gastos a los responsables, con el objetivo de desalentar este tipo de hechos y optimizar el uso de los recursos públicos.

El caso de Llambi Campbell, con los primeros adolescentes imputados tras el crimen de Ian Cabrera, consolida un cambio de criterio en la Justicia santafesina frente a situaciones que generan alarma social, alteran el funcionamiento escolar y demandan un importante despliegue estatal.