CELULOSA ARGENTINA: La Justicia extendió los plazos del concurso preventivo y demora el avance del rescate financiero

El proceso de recuperación de Celulosa Argentina atraviesa una nueva etapa de incertidumbre luego de que la Justicia de San Lorenzo resolviera modificar el cronograma del concurso preventivo que lleva adelante la compañía.

El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de Primera Nominación de San Lorenzo extendió los plazos del expediente debido a la gran cantidad de pedidos de verificación de créditos presentados por bancos, proveedores, trabajadores y organismos del Estado, además de la complejidad que implica analizar cada reclamo.

Según el nuevo calendario, la sindicatura presentará recién el 30 de marzo de 2027 el informe individual que determinará qué acreencias serán reconocidas y cuáles serán los montos correspondientes. Antes de esa instancia, el próximo 10 de noviembre deberá elevar un informe de avance sobre la revisión documental.

La empresa había ingresado al proceso concursal con un pasivo estimado superior a los 140 millones de dólares, luego de no poder afrontar vencimientos de corto plazo por unos 18,5 millones de dólares.

La crisis financiera también provocó un cambio en el control de la compañía. En septiembre de 2025, Esteban Nofal, titular de CIMA Investments, asumió el manejo de Celulosa Argentina tras adquirir el 45,5% de las acciones por un valor simbólico de un dólar.

El plan de rescate contemplaba absorber una deuda financiera superior a los 128 millones de dólares, completar una oferta pública de adquisición y aportar unos 18 millones de dólares de capital de trabajo para intentar reactivar las plantas de Capitán Bermúdez, en Santa Fe, y Zárate, en Buenos Aires.

Sin embargo, el escenario judicial sumó una nueva dificultad con la intervención de Forestadora Tapebicuá S.A.U., una empresa controlada por Celulosa Argentina y considerada clave para el abastecimiento de madera. La Justicia Comercial designó a María Anahí Cordero como interventora y desplazó a la administración actual con el objetivo de preservar los activos hasta el inicio del período de exclusividad previsto para octubre.

En paralelo, la situación laboral continúa generando tensión. La empresa, que ya había declarado la cesación de pagos por la imposibilidad de cumplir con obligaciones negociables y cheques diferidos, atribuyó la crisis a una caída del 30% en las ventas y al impacto de los costos dolarizados.

Durante una audiencia en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, la compañía planteó una propuesta para afrontar los salarios: pagar el 30% de manera inmediata y completar el 70% restante la semana siguiente, sujeto a la obtención de financiamiento. Además, pidió que no se realizaran medidas de fuerza y solicitó una conciliación obligatoria preventiva.

La propuesta fue rechazada por los gremios, que también manifestaron su malestar por las acusaciones de la empresa sobre supuestos sabotajes en la maquinaria del complejo industrial de Capitán Bermúdez.

Las negociaciones permanecen sin avances mientras se aguarda una definición de la cartera laboral y continúa un proceso que será determinante para el futuro de una de las industrias históricas de la región.