El Gobierno habilitó a provincias a concesionar rutas nacionales con sistema de peaje

El Gobierno nacional autorizó a nueve provincias a concesionar tramos de rutas nacionales ubicados en sus territorios mediante el sistema de obra pública por peaje, sin ceder la titularidad ni la jurisdicción sobre esos caminos.

La decisión fue oficializada a través del Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.

Según el texto, las provincias alcanzadas por la medida son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. La normativa establece que la delegación será “funcional, limitada, temporal y revocable”, y aclara que no implica la transferencia del dominio público ni de la jurisdicción federal, que seguirán en manos del Estado nacional. 

En ese marco, la firma del decreto se da en línea con lo que había solicitado el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, tras los anuncios realizados semanas atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo. Desde la provincia, además, ya anticiparon que la Casa Gris tiene previsto un plan de inversión de $5.000 millones para intervenir de manera inmediata en los tramos que queden bajo su órbita.

La iniciativa surge a partir de pedidos de distintas jurisdicciones para contar con herramientas que les permitan intervenir en rutas que atraviesan sus territorios, con el objetivo de asumir tareas de administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento, en el marco de un esquema de mayor descentralización.

Para avanzar con las concesiones, cada provincia deberá firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad. En esos acuerdos se deberán detallar los tramos a intervenir, los plazos, los mecanismos de control y auditoría, y la obligación de responder ante eventuales reclamos, manteniendo indemne al Estado nacional.

Además, los convenios deberán contar con la aprobación de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, y las concesiones que se otorguen no podrán superar los 30 años de duración.

El decreto también establece que los ingresos provenientes de los peajes deberán destinarse exclusivamente a los tramos concesionados y no podrán utilizarse para otras obras. Asimismo, se prohíbe licitar en conjunto rutas de distintas jurisdicciones dentro de un mismo corredor vial.

En caso de que las provincias no llamen a licitación dentro del plazo de un año desde la firma del convenio, la delegación quedará sin efecto. Del mismo modo, si el contrato de concesión se extingue, el Estado nacional retomará la gestión del tramo.

Finalmente, la norma invita a otras provincias no incluidas a solicitar su incorporación al esquema a través del Ministerio del Interior.