ESCÁNDALO EN LA UR II: Altos mandos policiales presos por un millonario fraude con combustible

Una investigación judicial dejó al descubierto un entramado de corrupción dentro de la Unidad Regional II: catorce jefes policiales quedaron detenidos tras ser acusados de formar parte de una asociación ilícita que habría desviado millones de pesos del presupuesto de combustible destinado a móviles de patrullaje. La medida fue ordenada por el juez Gustavo Pérez Urrechu después de tres días de audiencias.

La pesquisa apunta al ex jefe de la UR II, Daniel Acosta, y a su secretario privado, Rodrigo Domínguez, señalados como figuras centrales del esquema. Según la fiscalía, los imputados operaban junto a una estación de servicio para sobrefacturar o directamente inventar cargas de combustible, utilizando tarjetas Visa-Flota asignadas a los patrulleros. Parte de esas cargas jamás existieron, pero se facturaban como reales; luego, el dinero retornaba en efectivo a los uniformados cada quince días.

Los investigadores detectaron móviles que figuraban como si circularan y cargaran combustible, cuando en realidad los GPS demostraban que no se movían. Incluso se descubrió que tres patrulleros estaban dedicados exclusivamente a generar operaciones ficticias. Tras los allanamientos, dos de esos vehículos aparecieron incendiados, presumiblemente para borrar pruebas.

La causa también reveló mecanismos paralelos de presión interna. De acuerdo con el testimonio de un arrepentido, Domínguez instauró una “Oficina de Gestión de Multas”, desde donde se aplicaban sanciones irregulares a quienes no rendían consumos a tiempo. Las multas no se pagaban con dinero oficial, sino con costillares, vinos de alta gama o whisky, en un sistema completamente ajeno a cualquier normativa.

El impacto financiero fue inmediato. Antes de los allanamientos, la UR II destinaba unos 403 millones de pesos mensuales al combustible. Con las primeras intervenciones, el gasto cayó a 330 millones, lo que para la fiscalía evidencia el nivel de desvío que operaba en la estructura.

El fiscal José Luis Caterina aseguró que el juez quedó “impactado por la codicia” exhibida en el expediente. La prisión preventiva se dictó por los delitos de peculado y cohecho pasivo, y se extenderá al menos hasta el 14 de mayo, con posibilidad de prórroga. En total, ya son 28 los imputados, entre policías y civiles ligados a la estación de servicio investigada.