La Justicia santafesina condenó al ex jefe de fiscales de Rosario, Patricio Serjal, a nueve años de prisión por recibir sobornos del empresario del juego clandestino Leonardo Peiti. El tribunal integrado por Nicolás Foppiani, Hebe Marcogliese y Facundo Becerra determinó que existió una asociación ilícita jerarquizada que operó durante años con ramificaciones judiciales y políticas.

Los magistrados coincidieron en que la red que encabezó Serjal no habría podido funcionar sin cobertura política. En su fallo, mencionaron de manera reiterada a Traferri, quien se encuentra acusado como jefe de esa misma asociación ilícita, aunque aún no fue sometido a juicio. La sentencia contra Serjal también validó el trabajo de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.

El tribunal sostuvo que la estructura criminal investigada “usufructuó el dinero ilícito proveniente del juego ilegal y garantizó la impunidad del negocio mediante cobertura judicial y política”. En esa red también fueron condenados el empleado judicial Nelson Ugolini y, en procesos anteriores, el ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad, ambos por recibir dinero de Peiti a cambio de protección.

Traferri no fue juzgado junto a Serjal porque mantiene inmunidades derivadas de su cargo legislativo. Bajo la antigua Constitución provincial, los senadores y diputados gozaban de fueros que impedía no solo su detención, sino también la posibilidad de ser investigados sin autorización de la Cámara.

En 2023, el cuerpo legislativo habilitó la imputación por pedido del senador, aunque mantuvo la inmunidad de arresto. Así, Traferri pudo ser formalmente acusado, pero continúa en libertad y en funciones. Sin embargo, la reforma constitucional sancionada y promulgada en 2025 modificó ese esquema: los fueros se limitan ahora a la inmunidad de arresto, lo que permite que los legisladores sean investigados y juzgados como cualquier ciudadano.