La Convención Constituyente aprobó cambios en la Justicia santafesina

La Convención Constituyente de Santa Fe votó este miércoles un conjunto de reformas vinculadas al Poder Judicial, que pasan a incorporarse a la Constitución provincial. Entre las principales medidas se destacan la ampliación de la Corte Suprema a siete miembros con límite de edad de 75 años, la autonomía del Ministerio Público, nuevos mecanismos de selección y enjuiciamiento de jueces y fiscales, y la constitucionalización de la Defensoría del Pueblo y del Tribunal de Cuentas.

La mayoría de los puntos fue aprobada por consensos amplios entre Unidos y sectores del peronismo, principalmente Más para Santa Fe, mientras que bloques como La Libertad Avanza y Somos Vida se mantuvieron en la oposición.

Principales definiciones

Corte Suprema: tendrá siete ministros, con criterios de paridad y representación territorial. Los jueces deberán cesar en sus cargos al cumplir 75 años.

Ministerio Público: funcionará como órgano extrapoder, con autonomía y autarquía. Estará dividido en Ministerio Público de la Acusación y Ministerio Público de la Defensa.

Designación y control: se crea el Consejo de Selección del Poder Judicial y el Ministerio Público para organizar concursos previos y transparentes. También se conformarán tribunales ad hoc de once integrantes para el enjuiciamiento de magistrados y fiscales.

Defensoría del Pueblo: se incorpora a la Constitución con la misión de proteger derechos frente a actos del Estado y de prestadores de servicios.

Tribunal de Cuentas: se constitucionaliza, con miembros designados por el Ejecutivo y acuerdo legislativo, con mandatos de seis años y función de control de los recursos públicos.


Resultados de las votaciones

La ampliación de la Corte obtuvo 49 votos a favor y 19 en contra. La Defensoría del Pueblo fue aprobada con 47 votos positivos, 17 negativos y 4 abstenciones, mientras que el Tribunal de Cuentas alcanzó una mayoría más ajustada con 35 a favor, 21 en contra y 12 abstenciones.

La autonomía del Ministerio Público y la creación de los nuevos órganos de selección y enjuiciamiento se aprobaron con 46 votos favorables y 21 en contra.

Debate y diferencias

Uno de los puntos de mayor discusión fue el traspaso del personal del Poder Judicial al Ministerio Público, donde el oficialismo sostuvo que era necesario para evitar duplicación de estructuras, mientras que parte del peronismo planteó que los trabajadores deberían poder optar por permanecer en el Poder Judicial.

Ocho claves del nuevo esquema

1. Corte Suprema de Justicia
Estará integrada por siete ministros, con paridad de género y representación territorial. Los jueces cesarán de pleno derecho al cumplir 75 años y serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa.


2. Procuración General
Se incorpora como órgano del Poder Judicial con la misión de defender la legalidad y los intereses de la sociedad. El Procurador General será designado por el Ejecutivo con acuerdo legislativo por cinco años, con posibilidad de una reelección consecutiva.


3. Ministerio Público
Se establece como órgano independiente con autonomía funcional, administrativa y financiera. Se divide en dos ramas: Ministerio Público de la Acusación y Ministerio Público de la Defensa. El Fiscal General y el Defensor General tendrán mandatos de cinco años, con una sola reelección, y cesarán a los 75 años.


4. Selección de jueces, fiscales y defensores
Se crea el Consejo de Selección del Poder Judicial y del Ministerio Público, órgano técnico encargado de organizar concursos públicos de antecedentes y oposición. La propuesta que eleve al Ejecutivo será vinculante y deberá ponderar el mérito de los postulantes.


5. Enjuiciamiento de magistrados
Se crea un Jurado de Enjuiciamiento para casos de faltas graves o delitos dolosos. Estará integrado por once miembros entre legisladores, abogados y representantes judiciales, presidido por el referente máximo del estamento correspondiente.


6. Defensoría del Pueblo
Se incorpora como órgano constitucional encargado de promover y proteger derechos frente a actos de la administración pública y prestadores de servicios. Su funcionamiento será regulado por ley.


7. Tribunal de Cuentas
Sus miembros durarán seis años, serán designados por el Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa y podrán ser removidos por juicio político. Tendrá la misión de controlar la percepción e inversión de fondos públicos.


8. Cláusulas transitorias
Se fija un plazo máximo de dos años para sancionar las leyes reglamentarias. Se garantiza el traspaso automático del personal del MPA y del Servicio Público de la Defensa al nuevo Ministerio Público, con preservación de cargos y estabilidad.