La Justicia Federal dispuso una serie de medidas probatorias luego de la denuncia presentada por la alianza Provincias Unidas contra referentes de Fuerza Patria y directivos de la Asociación Civil 29 de Abril. La presentación acusa a la entidad de utilizar fondos propios para financiar publicidad política durante la campaña electoral.

El caso también generó la intervención del Registro Provincial de Personas Jurídicas, que abrió un sumario administrativo para revisar balances, movimientos contables y documentación interna de la organización.

Según los denunciantes, la Asociación Civil 29 de Abril —dedicada formalmente a brindar acompañamiento en situaciones de emergencia y catástrofes— habría destinado más de 21 millones de pesos a pauta digital para promover las candidaturas de Caren Tepp, diputada nacional electa, y Oscar “Cachi” Martínez.

La denuncia incluye reportes de transferencias bancarias y presupuestos de agencias de comunicación. En la causa se mencionan también a los miembros de la conducción de la ONG: Miriam Haydee Rebel (presidenta), Osvaldo Juan Barbieri (secretario) y Pedro Medei (tesorero y actual concejal peronista en Santa Fe).

Entre las medidas ordenadas por la Justicia se encuentran la incorporación del informe previo de campaña de Fuerza Patria, la solicitud de balances y estatutos de la Asociación Civil, y la verificación del domicilio legal de la entidad mediante la Policía Federal, para determinar si funciona efectivamente como sede operativa.

Mientras el expediente federal avanza en su etapa inicial, el Registro Provincial otorgó un plazo de diez días hábiles para que la ONG presente su documentación contable.