El senador provincial por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri presentó una acción de inconstitucionalidad en la que sostiene haber sido juzgado de hecho en la causa por juego clandestino sin acusación formal ni posibilidad de ejercer su defensa. Su planteo reabre una discusión central del caso y expone una paradoja: cuestiona no haber sido formalmente acusado en un contexto en el que sus propios fueros impedían avanzar en ese sentido.

La causa de fondo investiga el juego clandestino en Santa Fe. Según los fiscales, se trató de una estructura organizada, con recaudación sistemática y protección para garantizar su funcionamiento. En ese esquema, Traferri fue señalado como un presunto jefe del entramado. En palabra de los fiscales "el eslabón superior".

Sin embargo, durante años la investigación avanzó sin poder imputarlo formalmente debido a sus fueros como senador. Lo cual impedia someterlo a proceso penal sin el aval del Senado. Esa inmunidad bloqueó la posibilidad de citarlo a audiencia imputativa, obligarlo a comparecer o avanzar hacia un juicio.

Ese escenario generó una zona gris: Traferri estaba mencionado en la causa, bajo sospecha y con elementos en su contra, pero sin acusación formal ni instancia de defensa técnica plena. 

Es en ese punto donde se apoya su planteo actual. El recurso no busca evitar su imputación —que ya ocurrió— sino cuestionar lo sucedido durante la etapa previa, cuando sus fueros impedían avanzar formalmente. En concreto, plantea que durante ese período fue expuesto y considerado dentro de la causa sin haber tenido la posibilidad de defenderse como imputado. Pero el mismo senador no queria quitarse los fueros. 

Con el cambio de escenario político tras la asunción de Maximiliano Pullaro como gobernador, la situación procesal de Traferri se destrabó, quitandose los fueros, y fue finalmente imputado. Desde entonces, quedó formalmente dentro del expediente, con derecho a defensa y posibilidad de responder a las acusaciones en sede judicial.

A partir de este nuevo contexto, la investigación se encamina hacia sus próximas etapas. El proceso penal sigue su curso con la recolección de pruebas, eventuales planteos de las partes y la perspectiva de una futura elevación a juicio oral, pero la defensa del senador trata de dilatar lo máximo posible esta instancia.