Milei le aceptó la renuncia al juez Bailaque y evita el juicio político

El presidente Javier Milei aceptó la renuncia del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, quien está imputado en tres causas judiciales por presuntos delitos de corrupción institucional y vínculos con el narcotráfico. La resolución, que lleva fecha del 25 de junio, implica que no se avanzará con el proceso de juicio político que había sido dictaminado por unanimidad en la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura.

Con la firma del decreto presidencial, el proceso de jury queda sin efecto. Bailaque, que el 10 de junio pasado había comunicado su intención de dejar el cargo al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tuvo este lunes su último día en funciones como magistrado.

El tribunal de enjuiciamiento que debía conformarse para tratar el caso no fue integrado debido a que la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, no designó a los dos representantes de esa cámara que debían participar del jury. Según establece la normativa, deben ser miembros del oficialismo y de la primera minoría, es decir, del peronismo. En el Consejo de la Magistratura algunos interpretan que Milei coincidió con Villarruel en evitar que senadores del PJ participaran del proceso, y por eso decidió aceptar la renuncia del magistrado.

Bailaque inició su carrera judicial en Santa Cruz y desde 2008 se desempeñaba como juez federal de instrucción en Rosario. Estaba a cargo del juzgado federal N° 4 y de los trámites previos del nuevo sistema acusatorio.

El magistrado enfrenta tres causas penales. En una de ellas, impulsada por el fiscal federal Matías Scilabra, se lo acusa de omitir medidas clave en 2013 contra el narco Esteban Alvarado. Esa causa quedó paralizada pese a contener pruebas relevantes, que años después fueron utilizadas para condenar al jefe criminal por narcotráfico y asociación ilícita. Además, se cuestiona que el contador de Bailaque, Gabriel Mizzau, también trabajaba para empresas del entorno de Alvarado.

Otra investigación, a cargo de los fiscales Juan Argibay Molina y Diego Velasco (Procelac), lo vincula con un supuesto armado de causa contra dos empresarios bursátiles, a quienes se les habría pedido dinero para detener una persecución judicial. En esa maniobra también estarían involucrados el ex director de la AFIP Carlos Vaudagna y el financista Fernando Whpei.

Finalmente, el fiscal federal Federico Reynares Solari lo imputó por haber ordenado en 2021 la transferencia de mil millones de pesos a una mutual del grupo financiero Unión, controlado por Whpei. El dinero provenía de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín y estaba retenido judicialmente en el marco de una causa por lavado de activos. Lo usual en estos casos es que los fondos queden bajo custodia de organismos públicos.

Bailaque negó todos los cargos, se declaró inocente y solicitó al Consejo de la Magistratura el archivo de las actuaciones. Aun así, con la aceptación de su renuncia, podrá acceder a una jubilación como magistrado, trámite que ya había iniciado semanas atrás.