Se trata de Daniel Grossi y Brian Ducló, quienes habían sido detenidos la semana pasada en el marco de una investigación por un supuesto vínculo con personas vinculadas al narcotráfico.

La Fiscalía les atribuyó distintos delitos relacionados con el presunto encubrimiento de actividades vinculadas a la venta de drogas. Grossi fue imputado por encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y revelación de secretos, mientras que a Ducló se le atribuyeron los dos primeros delitos. La acusación fue sostenida por los fiscales Mauricio Clavero, Franco Carbone, Luis Lagioia y Ana Belén Stampella.

La causa se inició a partir de una declaración realizada por Aldo “Totola” Orozco, un hombre detenido y con antecedentes por delitos vinculados al narcotráfico. Según la investigación, Orozco habría señalado que un hombre identificado como Manuel Martín Pellegrini Real contaba con protección de integrantes de la estructura policial dedicada a combatir el microtráfico.

A partir de esa declaración, los investigadores pusieron el foco sobre Grossi y Ducló. Uno de los principales elementos presentados por la Fiscalía fueron registros de antenas telefónicas que marcaron ocho coincidencias entre los dispositivos utilizados por Grossi y Pellegrini Real. Sin embargo, la defensa cuestionó el valor de esos registros y remarcó que no fueron detectadas comunicaciones telefónicas entre ambos.

Además, los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos todavía se encuentran bajo análisis. Los dispositivos fueron enviados a Buenos Aires para ser sometidos a peritajes, por lo que la Fiscalía espera obtener nuevos elementos que permitan avanzar en la investigación.

En el caso de Grossi, los fiscales sostienen que habría proporcionado información confidencial a Pellegrini Real con el supuesto objetivo de advertirle sobre procedimientos y evitar que fuera detenido. El hombre señalado como beneficiario de esa presunta protección fue posteriormente imputado en la Justicia Federal por una causa relacionada con drogas.

Respecto de Ducló, la acusación está vinculada con un allanamiento realizado el 24 de julio en Firmat. Según la Fiscalía, el entonces funcionario habría facilitado la fuga de Orozco, quien era investigado por narcotráfico y tenía prohibido ingresar a esa ciudad. También se le reprochó no haber dejado asentada en el acta la presencia del hombre y su posterior escape.

Tras escuchar a las partes, el juez Aldo Baravalle entendió que los elementos reunidos hasta el momento no alcanzaban para justificar una prisión preventiva y dispuso que ambos continúen sujetos al proceso en libertad. La decisión no implica el cierre de la investigación ni una resolución sobre la responsabilidad penal de los imputados.

La causa seguirá adelante mientras los investigadores aguardan el resultado de los peritajes sobre los teléfonos secuestrados y buscan determinar si existen otros elementos que permitan confirmar o descartar las acusaciones formuladas contra los exresponsables de Microtráfico de Venado Tuerto.