La reforma constitucional de Santa Fe debía ser un momento histórico. Y lo fue. Pero no por las razones que uno espera en una democracia sana. Fue histórica por el nivel de manipulación institucional, electoral y comunicacional orquestado por el gobierno provincial. Lo que ocurrió no fue una elección: fue un fraude meticulosamente diseñado desde el poder.
En diciembre de 2024, en apenas ocho días, el gobernador Maximiliano Pullaro logró la aprobación de la necesidad de reforma. Lo hizo con mayoría automática, sin permitir que la oposición modificara una sola coma. El pacto con el Senado fue claro: no tocar los fondos discrecionales de cada senador, y menos aún quitar el senado a cambio del aval para la reelección.
Pero la jugada más grave vino después. El gobierno adelantó las elecciones a abril, con cierre de alianzas en enero, sin una campaña de información clara. La mayoría de la ciudadanía no sabía qué se votaba. Más aún: la Constitución exige una sola boleta para elegir a los 69 convencionales constituyentes. Sin embargo, el gobierno dividió la elección en dos: boleta azul (19 convencionales, uno por cada departamento) y boleta naranja (50 por distrito único).
Con esta ingeniería, el oficialismo aseguró la mayoría: ganó en la boleta naranja y obtuvo 13 convencionales más gracias a los aparatos territoriales de los senadores. Todo esto con una participación del 53%, un 13% de votos nulos o en blanco, y un dato revelador: Pullaro, como cabeza de lista, perdió más de medio millón de votos respecto a su elección como gobernador en 2023.
Así, Santa Fe no tendrá una Constitución nacida del consenso popular. Tendrá una Constitución hecha a medida de Pullaro y sus intereses.