Reforma laboral: el Gobierno definió los ejes del proyecto que enviará al Congreso

El Poder Ejecutivo completó la versión final del proyecto de reforma laboral que será remitido al Congreso en los próximos días, tras varias semanas de debate en el Consejo de Mayo. La iniciativa incorpora cambios en el régimen de empleo, con un paquete de medidas que apunta a reducir costos laborales, promover la formalización, limitar atribuciones sindicales y modernizar los convenios colectivos.

Según el documento oficial, el objetivo es “establecer reglas claras y previsibles que desalienten la judicialización y acompañen las dinámicas productivas actuales”. El plan incluye modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo, nuevos sistemas de cálculo indemnizatorio, beneficios fiscales para empleadores y un reordenamiento del rol sindical.

Cambios en la Ley de Contrato de Trabajo

El proyecto elimina la “justicia social” como criterio interpretativo y otorga carácter de cosa juzgada a acuerdos conciliatorios homologados, con el fin de reducir litigios. También se elimina la aplicación analógica de convenios colectivos y se establece que trabajadores eventuales no podrán ocupar cargos sindicales.

Además, se simplifica la registración laboral y se prohíbe exigir requisitos adicionales a los establecidos por ARCA. Se crea un programa de formación laboral obligatoria y se redefinen conceptos remunerativos para evitar interpretaciones sobre rubros que integran las indemnizaciones.

El texto habilita el fraccionamiento de vacaciones con un mínimo de 7 días, incorpora el banco de horas voluntario y fija mayores exigencias para justificar licencias por enfermedad. También permite adecuar salarios en casos de incapacidad definitiva.

Entre otras modificaciones, se elimina la reserva de empleo para cargos electivos, el preaviso durante el período de prueba y se incorpora como causal de extinción de contrato la falta de manifestación de continuidad durante dos meses.

Indemnizaciones y nuevos fondos

La fórmula de indemnización por despido sin causa se mantiene, pero se precisan definiciones sobre remuneración habitual, normal y devengada.

Se crea además el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con una contribución del 3% de la masa salarial, destinado a garantizar el pago de indemnizaciones. A cambio, los empleadores recibirán una reducción de tres puntos porcentuales en las contribuciones al SIPA.

Empleo doméstico y repartidores

Para trabajadoras de casas particulares, el período de prueba se amplía de 30 días a 6 meses, los recibos serán electrónicos y la constancia bancaria tendrá validez legal.

Se incorpora un régimen para repartidores de plataformas, con inscripción obligatoria en ARCA, derecho a rechazar pedidos, acceso a capacitaciones, seguro de accidentes y el cobro íntegro de propinas.

Convenios colectivos

La reforma elimina la ultraactividad plena: una vez vencido un convenio, solo se mantendrán vigentes las cláusulas sobre condiciones de trabajo hasta que haya un nuevo acuerdo.

Los convenios de menor ámbito pasarán a tener prioridad por sobre los de ámbito mayor, modificando el esquema vigente.

La autoridad laboral podrá suspender cláusulas que generen “distorsiones económicas graves” mientras se renegocia un acuerdo.

Cambios en la actividad sindical

Las asambleas deberán contar con autorización previa del empleador, especificando horario y duración. Los trabajadores no percibirán salario mientras participen.

Se incluyen bloqueos y tomas como infracciones muy graves, se reducen a 10 horas semanales los créditos horarios para delegados y se simplifica el trámite para que sindicatos de empresa obtengan personería.

Incentivos para la formalización

El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) estará vigente por un año. Reduce contribuciones patronales para nuevas contrataciones durante los primeros 48 meses, siempre que representen un incremento neto de empleados.

Podrán acceder personas sin empleo registrado al 10 de diciembre de 2025, desocupados recientes, monotributistas o quienes provengan del sector público. Quedan excluidos empleadores del REPSAL o quienes reemplacen personal para aprovechar beneficios.

Beneficios para el empleo registrado

Las contribuciones patronales comenzarán a bajar tras la promulgación de la ley. El aporte para obras sociales descenderá del 6% al 5%, y las cargas al sistema de seguridad social se reducirán tres puntos.

Además, el proyecto habilita la regularización de trabajadores no registrados, con condonación parcial de deudas y reconocimiento previsional de hasta 60 meses.

La propuesta será enviada al Congreso en los próximos días y se espera un fuerte debate político y sindical en torno a su tratamiento.