Luego de la detención de una suboficial de la Policía de Santa Fe acusada de brindar información confidencial desde el Centro de Monitoreo del 911 a su pareja, sindicado como sicario, el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial dispuso la implementación de controles socioambientales para integrantes de las fuerzas de seguridad y del Servicio Penitenciario.

La medida fue instruida este martes por el ministro Pablo Cococcioni y tiene como objetivo detectar vínculos personales o comerciales que puedan interferir con el desempeño profesional de los agentes o afectar la confianza pública en las instituciones de seguridad.

Los controles alcanzarán a postulantes, cadetes, agentes en comisión y efectivos ya confirmados, tanto en la Policía como en el Servicio Penitenciario. Según el texto, se buscará identificar "comportamientos, patrones de conducta, relaciones sociales, familiares o de otro tipo que puedan incidir negativamente en el rol de los funcionarios".

La decisión llega tras el caso de Luna María R., una suboficial de 21 años que trabajaba en el sistema de videovigilancia del 911 y fue detenida el lunes pasado mientras visitaba en la cárcel de Piñero a su pareja, Kevin Alfredo Ramos, imputado por participar en un ataque a tiros contra un colectivo de la línea 146 en septiembre de 2023. Una pericia a su teléfono reveló que la suboficial le habría proporcionado información sensible sobre las cámaras de seguridad para facilitar la comisión de delitos.