Un candidato detenido fue electo diputado en Misiones y ahora se abre un interrogante institucional

Ramón Amarilla, un ex policía detenido con prisión preventiva por presunta sedición y conspiración contra el gobierno de Misiones, fue electo diputado provincial este domingo con más del 19% de los votos. Su lista, Por la Vida y los Valores, se ubicó en el tercer lugar detrás del oficialista Frente Renovador y La Libertad Avanza, lo que le garantiza una banca en la Legislatura.

Amarilla está preso desde septiembre de 2024 en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul. La Justicia lo acusa de haber liderado protestas y levantamientos policiales a comienzos de ese año en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales. Además, se lo vincula a un grupo de WhatsApp en el que se habrían discutido planes para desestabilizar a la cúpula de la fuerza y promover nuevas revueltas similares a la de mayo.

La candidatura del ex uniformado fue inicialmente impugnada por el fiscal electoral Flavio Marino Morchio debido a su situación judicial, pero el Tribunal Electoral provincial resolvió habilitarlo, argumentando que no existe una condena firme que le impida ejercer cargos públicos.

Amarilla tiene una trayectoria de más de 30 años en la Policía de Misiones, con desempeño en distintas áreas operativas y administrativas. En los últimos tiempos, había ganado visibilidad como interlocutor en las mesas de diálogo entre efectivos y autoridades provinciales por temas salariales.

Tras las protestas de principios de año, el gobierno misionero presentó denuncias penales y avanzó con la cesantía de varios efectivos, entre ellos Amarilla, cuyo rol en los disturbios es eje de la investigación judicial que motivó su detención.

Ahora, tras resultar electo, se abre un interrogante sobre su futuro político y legal. Aunque su prisión preventiva fue ratificada en distintas instancias, no hay por el momento un pedido de excarcelación vinculado a su nuevo estatus como legislador electo. La situación plantea un desafío inédito para la Legislatura provincial, que deberá definir si Amarilla podrá asumir el cargo desde su lugar de detención o si se impulsan medidas judiciales que le permitan recuperar la libertad.