VORACIDAD FISCAL: La justicia limitó la Tasa General de Inmuebles en Ibarlucea

La sentencia emitida el pasado 22 de junio de 2023 por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario abre una puerta para que los ciudadanos puedan defenderse de lo que se  consideran abusos fiscales por parte de los municipios. Este fallo vuelve a cobrar relevancia en el contexto actual, luego de que el presidente electo Javier Milei anunciara medidas de sanción contra los municipios que incluyan tasas en las facturas de servicios. En un intento de frenar la “voracidad fiscal”, el nuevo gobierno ha advertido que retirará las sucursales del Banco Nación de aquellos municipios que mantengan este tipo de cobros.

El caso, que tuvo origen en el municipio de Ibarlucea, marca un precedente significativo al declarar inconstitucionales ciertas tasas municipales aplicadas en la Tasa General de Inmuebles (TGI), un tributo que ha venido incrementándose en diversas jurisdicciones de manera cuestionable. La resolución de la Cámara se dio en el marco de una demanda presentada por un grupo de propietarios de Ibarlucea, quienes se manifestaron en contra de varias tasas incluidas en la TGI que no tenían relación directa con los inmuebles que poseen, contraviniendo la Ley Provincial 8173. Según esta ley, las tasas municipales deben tener una vinculación concreta con el inmueble gravado; sin embargo, en este caso se incluyeron cargos por "cultura, deporte y educación", así como gastos administrativos que no cumplían con ese criterio.

El abogado defensor de los vecinos, Dr. Mariano Losada, dijo en Medios RED: “Una cosa es la desproporción que puede haber entre lo que se paga y brinda el municipio, y otra es  la incorporación de rubros de cosas que le cobran a través de la TGI y no corresponde”.

“Son ciertos rubros que no tienen nada que ver con la parte inmueble. Por ejemplo, en Ibarlucea le quería cobrar a los vecinos por el jardín comunal”, añadió.

El precedente de Ibarlucea plantea la posibilidad de un cambio en la cultura tributaria municipal, promoviendo un sistema donde los impuestos y tasas se ajusten de manera razonable al servicio prestado y respeten el marco legal. Ahora, con las advertencias del gobierno nacional, los municipios enfrentan la presión de ajustar sus prácticas para evitar las sanciones anunciadas. Este fallo podría significar el inicio de una fiscalización más rigurosa de las finanzas municipales, obligando a los gobiernos locales a justificar y transparentar sus cobros.