El Gobierno de Santa Fe trabaja en el diseño del Circuito de Ingreso a Puertos (CIP), una obra de gran escala que busca reorganizar más de 400 kilómetros de rutas utilizadas por el transporte de granos y cargas hacia los puertos del sur provincial. El corredor proyectado uniría Timbúes con Arroyo Seco e incluiría ampliación de calzadas, mejoras en seguridad vial y un esquema específico para camiones, con el objetivo de descomprimir las rutas saturadas.
La iniciativa demanda una inversión cercana a los mil millones de dólares en un plazo estimado de 20 años. Desde el Ejecutivo provincial sostienen que el sistema vial actual está desbordado, especialmente durante los picos de cosecha, y que sin una planificación de largo plazo el colapso logístico del principal polo agroexportador del país será cada vez más frecuente.
Sin embargo, el anuncio encendió la alarma en el sector transportista. La Asociación de Transportistas de Cargas de Rosario (ATCR) expresó su rechazo a la posibilidad de nuevos peajes o aportes obligatorios para financiar la obra. Su presidente, Alfredo Guagliano, advirtió que un costo de entre 30 y 45 dólares por viaje resultaría inviable para un sector que ya opera con márgenes ajustados y enfrenta aumentos sostenidos en combustible y mantenimiento.
En el plano político, el CIP también genera debate. Legisladores de diferentes espacios reclaman definiciones claras sobre el modelo de concesión, el esquema de financiamiento y el rol de la Nación en los tramos de rutas bajo jurisdicción federal. La eventual provincialización de sectores de la A012 aparece como uno de los puntos más sensibles dentro de la discusión.
Mientras desde el oficialismo defienden el proyecto como una política estratégica para sostener la competitividad portuaria y ordenar el tránsito pesado, sectores opositores advierten sobre el impacto social y territorial en las localidades atravesadas por el corredor, que podrían sufrir mayores cargas comerciales y ambientales.
Con la discusión aún en una etapa preliminar, el futuro del corredor Timbúes–Arroyo Seco dependerá de la capacidad del Estado para encontrar un equilibrio entre inversión, participación privada y consenso con los actores afectados, evitando que una obra pensada para modernizar la logística se transforme en un nuevo foco de conflicto.