El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 ordenó el decomiso de bienes inmuebles y sumas de dinero por un valor actualizado de $684.990.350.139,86 en la causa por administración fraudulenta. La medida, dictada el 18 de noviembre de 2025, alcanza a Lázaro Báez, Cristina Fernández de Kirchner, otros condenados y a Máximo y Florencia Kirchner como titulares de bienes identificados en el proceso.
La sentencia, firme desde junio de 2025, había fijado inicialmente un decomiso de $84.800 millones, cifra luego actualizada por peritos de la Justicia y de la Corte Suprema. Ante el incumplimiento de los condenados respecto del pago intimado, el tribunal dispuso avanzar con la tasación y ejecución de los bienes, priorizando aquellos en manos de los responsables y de las sociedades involucradas en la maniobra.
La resolución incluye propiedades de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos. y Loscalzo y Del Curto, además de inmuebles cedidos a Máximo y Florencia Kirchner. También prevé ejecutar bienes de otros condenados —entre ellos Periotti, López, Collareda, Pavesi y Daruich— si los activos iniciales no alcanzan a cubrir el monto fijado, los cuales deberán inscribirse en la base nacional de bienes secuestrados.
La Fiscalía delimitó los bienes adquiridos por los imputados entre 2003 y 2015, período considerado clave para el desarrollo del fraude. Las defensas cuestionaron el decomiso alegando falta de acreditación del vínculo entre los activos y el delito, insuficiencia probatoria y violación de garantías constitucionales. También pidieron excluir bienes previos al ejercicio de cargos públicos y otros ya sobreseídos en causas anteriores.
El tribunal sostuvo que la sentencia firme probó beneficios económicos directos e indirectos para Báez y la familia Kirchner derivados de adjudicaciones irregulares de obra pública en Santa Cruz. Respaldado en normativa local e internacional, determinó que el decomiso también puede alcanzar bienes transformados, sustituidos o mezclados con activos lícitos, siempre que exista vinculación razonable con el delito.
La decisión fue comunicada a la Corte Suprema, que definirá el destino final de los bienes. La finalidad central de la medida —remarcó el tribunal— es reparar el daño ocasionado al Estado, mientras la Fiscalía mantiene la facultad de identificar nuevos activos susceptibles de decomiso durante la ejecución de la sentencia.