Desde hace dos años, en la Legislatura de Santa Fe permanece sin tratamiento un proyecto de ley que pretende impedir que funcionarios provinciales designen a familiares en puestos estatales. Presentado inicialmente en noviembre de 2022, la iniciativa quedó estancada en las comisiones sin siquiera abrirse a debate y, tras perder estado parlamentario, fue reintroducida por el diputado Fabián Palo Oliver en febrero de este año, aunque hasta ahora no ha logrado avances.
El proyecto cobra nuevamente relevancia en el contexto actual, ya que mientras el Gobierno nacional impulsa la discusión sobre restricciones a privilegios en el sector público, en Santa Fe el Poder Ejecutivo también considera reformas para evitar que los cargos en empresas estatales como la Empresa Provincial de la Energía (EPE) sean ocupados bajo la figura de privilegios hereditarios.
El proyecto establece que no podrán designar familiares en puestos públicos quienes accedan a cargos como el de gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios, subsecretarios, y otros funcionarios de alto rango, así como las máximas autoridades de entidades descentralizadas. La normativa propuesta se extendería también a senadores, diputados provinciales, miembros del Tribunal de Cuentas, defensores del Pueblo, y funcionarios judiciales de nivel igual o superior a secretario de primera instancia y fiscal adjunto en el Ministerio Público de la Acusación.
La prohibición de nombramientos abarcaría a cónyuges, convivientes, ascendientes, descendientes y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Sin embargo, la propuesta contempla excepciones, como los casos de familiares que ya ocupaban el cargo previamente o aquellos designados a través de concursos públicos o procesos electorales.