La empresa agroindustrial Vicentin S.A.I.C. presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un intento por revertir el fallo de la Corte Suprema de Santa Fe que anuló la homologación de su acuerdo concursal. La presentación, patrocinada por los abogados Gabriel H. Fissore, Pablo A. Buey Fernández, Javier Alegría y Ricardo Gil Lavedra, cuestiona el rechazo de un recurso extraordinario y busca que el máximo tribunal nacional intervenga en una causa clave para el futuro de la compañía.

Vicentin atraviesa una situación crítica desde que, en febrero de 2020, ingresó en concurso preventivo por una deuda superior a los 1.300 millones de dólares. Tras años de negociaciones, en marzo de 2023 logró reunir las mayorías legales para aprobar una propuesta de pago a sus acreedores, que fue homologada por la Cámara de Apelaciones de Reconquista en marzo de 2024. Sin embargo, un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la firma acreedora Commodities S.A. derivó en la intervención de la Corte santafesina, que dejó sin efecto la homologación en febrero de 2025.

El pedido de intervención de la Corte Suprema nacional se da en un contexto donde miles de acreedores —entre ellos bancos, cooperativas, productores y proveedores— siguen a la espera de una definición judicial. La resolución que adopte el máximo tribunal podría marcar no sólo el destino de una de las empresas más emblemáticas del sector agroexportador, sino también el rumbo de los concursos empresariales complejos en la Argentina.