Por Yanina Cossime

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El escenario actual

En Santa Fe se percibe cierta tensión. En los últimos meses fueron presentados 6 proyectos de Ley de ESI y, si bien parece haber acuerdo social en considerar conveniente que en las escuelas se complemente la educación sexual que brinda la familia, la dificultad se presenta al intentar definir desde qué paradigma se implementarán los programas de ESI y cuál será el rol de los padres.

Los diputados del Bloque Somos Vida y Familia presentaron un proyecto basado en la Ley Nacional de ESI. Este reconoce la importancia de los padres en la educación de los niños y contempla que los contenidos y métodos pedagógicos sean conocidos y autorizados previamente por los padres, y la posibilidad de adecuarlos. Organizaciones civiles y religiosas, instituciones educativas confesionales y profesionales especialistas en la materia se muestran a favor de este proyecto, al igual que agrupaciones de padres y de docentes que exigen que el Estado cumpla con su deber de brindar una educación que respete el principio de neutralidad ideológica.

Por otra parte, se presentaron otros 4 proyectos en la Cámara de Diputados (Busatto, Donet, Granata-Florito y Mahmud) y uno en el Senado (Traferri) que, apoyados e impulsados por agrupaciones feministas y de disidencias sexuales, definen a la ESI como una política pública, y no como un derecho de los educandos, y la transforman en obligatoria y transversal, fundamentada desde la perspectiva de género, derechos humanos y las diversidades sexuales sin posibilidad de ser adaptada a las convicciones de los miembros de la comunidad educativa ni al ideario institucional.

Estas dos posiciones son casi antagónicas y la pregunta retumba: ¿a quiénes escucharán los legisladores? La respuesta es importante, se trata de que se garanticen los derechos fundamentales de los niños y adolescentes frente a perspectivas revolucionarias que exigen un cambio cultural.

¿Será posible el consenso?

Es necesario implementar un programa de ESI en las escuelas en forma sistemática que permita prevenir el abuso sexual infantil, el embarazo adolescente no programado, las infecciones de transmisión sexual y las relaciones violentas. Los padres deben tomar conciencia de la importancia de este asunto y asumir el rol protagónico que deben tener en la educación de sus hijos y en la defensa de sus derechos.

Imponer una visión única del hombre y de su sexualidad, obligar a las instituciones, familias y personas a adscribirse a esta genera tensiones y, más grave aún, vulnera derechos individuales garantizados por nuestra Carta Magna: la libertad de conciencia, pensamiento y religión, el respeto a la integridad e intimidad. El desafío para los legisladores santafesinos es sancionar, despojados de toda ideología, la mejor Ley de ESI, la que respete y garantice los derechos de los niños y adolescentes. Solo así habrá consenso.