En una decisión que marca un cambio significativo en la regulación del sector, el Gobierno ha declarado al transporte aéreo civil y comercial como servicio esencial. Esta declaración, formalizada a través del decreto 825/2024, fue publicada en el Boletín Oficial este lunes.

El decreto establece una serie de nuevas obligaciones y plazos que las partes involucradas deberán respetar en caso de convocar a medidas de fuerza que afecten el transporte aéreo. A partir de ahora, cualquier acción laboral que interrumpa el servicio deberá ser notificada con un mínimo de 5 días de anticipación. Esta normativa busca garantizar la continuidad de las operaciones aéreas y minimizar el impacto en los usuarios y en la economía.

Además de los plazos de notificación, el decreto estipula que durante cualquier conflicto, las empresas deberán garantizar al menos el 50% de la prestación del servicio. Esto implica que, a pesar de las medidas de fuerza, un porcentaje significativo de los vuelos deberá mantenerse operativo para asegurar el acceso de los pasajeros y el funcionamiento de la cadena de suministros.

La declaración de servicio esencial del transporte aéreo responde a la necesidad de asegurar que un sector crítico para la movilidad y la economía del país continúe funcionando de manera eficiente, incluso en situaciones de conflicto laboral. La medida busca equilibrar los derechos de los trabajadores con la necesidad de mantener la operatividad de un servicio vital para el país.

El decreto 825/2024 marca un paso importante en la regulación del transporte aéreo y establece un nuevo marco para la gestión de conflictos en el sector. La implementación de estas normas será clave para garantizar que el servicio aéreo se mantenga accesible y efectivo, protegiendo tanto los derechos de los trabajadores como los intereses de los usuarios y la economía nacional.