El Gobierno nacional ordenó el despliegue de efectivos del Ejército y la Armada en la frontera norte, en el marco del denominado “Operativo Roca”. En este contexto, los militares podrán realizar detenciones de civiles de manera transitoria, únicamente en casos de flagrancia. La medida, respaldada por el Decreto 1112/2024 y la Ley de Defensa Nacional, se implementa en conjunto con fuerzas de seguridad como la Gendarmería Nacional.

La disposición contempla un despliegue flexible, adaptado a diferentes escenarios, y se mantiene bajo reglas de actuación denominadas “órdenes de empeñamiento”, cuyo contenido permanece reservado. Estas instrucciones, impartidas a los efectivos, buscan regir su accionar durante el operativo.

Actualmente, más de 10.000 miembros del Ejército participan en estas tareas, de los cuales alrededor de 1.300 permanecen de forma permanente en las áreas de intervención. El operativo cuenta con apoyo de drones, radares móviles, helicópteros, sistemas de comunicaciones y un avión Diamond para tareas de relevamiento.

El ministro de Defensa, Luis Petri, defendió la medida y sostuvo que se enmarca en la legislación vigente. “La posibilidad de detención en flagrancia está prevista en todos los códigos procesales de las provincias y de la Nación”, afirmó. Además, resaltó que otros países de la región emplean sus Fuerzas Armadas para la vigilancia fronteriza.

Las tareas de las Fuerzas Armadas se concentrarán en zonas rurales alejadas de los centros urbanos y de los pasos fronterizos oficiales, con el objetivo de obtener información estratégica para la defensa nacional.

El “Operativo Roca” se complementa con el Plan Güemes, iniciado el año pasado y reforzado en 2024, en un acto encabezado por los ministros Petri y Patricia Bullrich, junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. El corredor estratégico abarca localidades como Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza, consideradas zonas críticas para el control del narcotráfico y el crimen organizado.