El expresidente boliviano Evo Morales enfrenta nuevas acusaciones judiciales que lo sitúan en el centro de un controvertido caso por presuntos delitos de estupro y trata de personas. Según se conoció el miércoles por la noche, un mandamiento de aprehensión había sido emitido en su contra, pero quedó sin efecto tras la intervención de su equipo jurídico.

El mandamiento fue emitido por la exfiscal del departamento de Tarija, Sandra Gutiérrez, quien posteriormente fue destituida de su cargo. La exfuncionaria declaró ante los medios locales que su destitución fue ordenada por el fiscal general, Juan Lanchipa, después de que se procediera judicialmente contra Morales. 

La investigación se basa en un informe de inteligencia que señala que, entre 2014 y 2015, Morales, entonces presidente de Bolivia, habría creado la "Guardia Juvenil", una organización que involucraba a jóvenes de entre 14 y 15 años. Entre ellos, se encontraba Cindy S.V.P., quien habría sido inscripta por sus padres con el supuesto objetivo de obtener beneficios políticos y económicos.

De acuerdo con la documentación judicial, el 31 de mayo de 2018 se emitió en Yacuiba, Tarija, una partida de nacimiento que registra a Cindy S.V.P. como madre de una niña nacida en febrero de 2016, cuando ella tenía 16 años. Evo Morales figura como el padre de la menor, lo que sugiere que la relación entre ambos ocurrió cuando Cindy tenía 15 años.

El informe presentado a la Fiscalía acusa también a los padres de la joven, identificados como Idelsa P. y Emetrio V., de haber obtenido cargos públicos como parte de un supuesto acuerdo con Morales. Este acuerdo habría implicado la explotación de la menor a cambio de favores políticos.

Ante estos hechos, la Fiscalía de Tarija decidió abrir una causa contra Morales por trata de personas y estupro, delitos cuya pena se agrava si la víctima queda embarazada. A su vez, el informe señala que Morales no tiene un domicilio fijo, lo que, sumado a su constante movimiento dentro y fuera del país, generaría un riesgo de fuga.

Sin embargo, la orden de captura fue anulada luego de que los abogados de Morales interpusieran una acción de libertad, que le fue concedida por la justicia boliviana. Este hecho ha generado fuertes críticas hacia el sistema judicial, en particular sobre la influencia que podría ejercer Morales debido a su condición de exmandatario y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El caso sigue en curso, mientras que la destitución de la fiscal Gutiérrez y la anulación de la orden de aprehensión han encendido el debate sobre la imparcialidad de las autoridades judiciales en Bolivia.