Alberto Fernández extendió por decreto hasta 2025 la suspensión de los desalojos a las comunidades indígenas, un plazo que ya prevé una ley aprobada en el Senado y dictaminada este miércoles en Diputados.

Pero como la extensión vigente vence el martes y con la posibilidad de que el kirchnerismo pierda, el presidente firmó un DNU con el mismo texto de la ley, que establece además otros 290 millones de pesos para que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) finalice un censo que inició en 2006, cuando se aprobó la ley original.

Hubo fuertes críticas de la oposición: "En los últimos cuatro años han pasado hechos gravísimos y lejos de conducirnos a resolver un problema, va a tender a agravar episodios que ya están sucediendo", reclamó el neuquino David Schlereth, de Juntos Por el Cambio.

“El problema es que las sucesivas prórrogas han ido provocando que otros actores que nada tienen que ver con las comunidades indígenas, por intereses económicos o ideológicas, responden a intereses trasnacionales. Generan caos, violencia y  hechos delictivos que crecen”, profundizó Schlereth.

La oposición denunció que los grupos violentos de la Patagonia están "avalados y financiados por sectores de este Gobierno".