En un intento por mitigar la crisis energética que atraviesa el país, el gobierno de Nicolás Maduro implementó desde este lunes una reducción en la jornada laboral de la administración pública a solo tres días por semana, con turnos de 4 horas y media diarias. La medida, que regirá por al menos seis semanas, responde a la “emergencia climática” provocada por la fuerte sequía que afecta a los embalses generadores de electricidad en Venezuela.

Con esta disposición, los empleados estatales trabajarán únicamente los lunes, miércoles y viernes, de 8:00 a 12:30, acumulando un total de 13,5 horas semanales, apenas un tercio de las 40 horas establecidas por ley. Sin embargo, el recorte horario no se aplicará al sector educativo, donde la crisis ya ha impactado fuertemente debido a la migración masiva de docentes. De acuerdo con estimaciones de sindicatos y gremios educativos, cerca del 70% de los maestros abandonó las aulas en los últimos años, trasladándose a instituciones privadas o emigrando del país debido a los bajos salarios, que rondan los 40 dólares mensuales en promedio.

El colapso del sistema eléctrico venezolano, agravado por la disminución del caudal en los principales embalses hidroeléctricos y termoeléctricos, ha puesto en jaque la capacidad de generación de energía. A pesar de las inversiones millonarias anunciadas en el pasado por el gobierno, las obras de mantenimiento y modernización nunca se concretaron. La organización no gubernamental Provea denunció que actualmente la generación eléctrica opera “al 80% por debajo de su capacidad”, lo que deja a vastas regiones del país en una situación crítica.

El gobierno no descartó extender la medida más allá de las seis semanas previstas si la crisis hídrica persiste, mientras que los sectores afectados advierten sobre las posibles consecuencias económicas y sociales de esta drástica reducción en la jornada laboral.