El gobierno liderado por Javier Milei ha decidido no asignar fondos estatales para la marcha del orgullo LGBT, programada para el próximo 2 de noviembre. La medida ha sido presentada como parte de su política de responsabilidad fiscal y control del gasto público, en línea con las prioridades de la actual administración.

Según el comunicado oficial, la decisión responde a la necesidad de optimizar los recursos estatales en un contexto de desafíos económicos para el país. La administración de Milei ha destacado su compromiso con la reducción del gasto público y la reasignación de fondos hacia áreas consideradas esenciales, como la salud, la seguridad y la educación.

El gobierno ha subrayado que la decisión no implica un acto de discriminación hacia la comunidad LGBT, ni pone en duda los valores de diversidad e inclusión que reconoce como parte de la sociedad argentina. Sin embargo, el argumento central de la medida radica en que el Estado no debe financiar actividades que solo involucran a una porción de la población, en detrimento del uso eficiente de los fondos públicos.

Por otro lado, la administración nacional ha sugerido que eventos como la marcha del orgullo pueden ser organizados a través de financiamiento privado, promoviendo así la responsabilidad individual y reduciendo la dependencia del Estado.