El Gobierno anunció que avanzará en los próximos días con la auditoría a las universidades públicas, en medio de las protestas de grupos opositores que se extienden a nivel nacional. Este proceso, encabezado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), tiene como objetivo principal controlar el uso de las partidas presupuestarias que reciben las casas de estudio por parte del Estado.

El director de la SIGEN, Miguel Blanco, explicó que el enfoque de las auditorías estará centrado en el "control del uso de los fondos públicos", y que este proceso se reiniciará luego de haber sido suspendido en 2022 debido a un dictamen del ex procurador del Tesoro, Carlos Zannini, durante la administración del Frente de Todos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Las primeras revisiones se realizarán en la Universidad de La Matanza, mientras que para otras instituciones aún se están conformando los equipos de trabajo y se definirá el orden de prioridad en función del volumen de fondos y la calidad de los convenios.

El director de la SIGEN aclaró que el alcance de estas auditorías estará limitado a evaluar los sistemas de control interno y el uso de los fondos mediante un muestreo. No se intervendrá en temas relacionados con la autonomía universitaria, como la designación de autoridades o la elección de carreras y profesores.